Es un procedimiento judicial donde el trabajador reclama sus derechos ante los Tribunales de lo Social. El trabajador antes de interponer una demanda contra la empresa en el Auditoría de lo Social debe intentar resistir a un acuerdo en el SMAC.

FJ 6º. La fianza de indemnidad, asegurada por el art. 24 CE , ha sido estudiada por la doctrina constitucional, por todas STC 6/2011 , EDJ 2011/10223, en los términos siguientes: «Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas Internamente del proceso que ocasionen privación de garantíTriunfador procesales, sino que tal derecho puede encontrarse contuso igualmente cuando su examen, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el control de una actividad judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario.

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La desidia de cumplimiento de estos derechos puede ser motivo suficiente para considerar una demanda. Es esencial que los empleados conozcan sus derechos para poder hacerlos valer cuando sea necesario.

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Una vez presentada la demanda, se sufrirá a cabo un proceso judicial en el que se escucharán las partes involucradas y se evaluarán las pruebas presentadas. La autoridad competente tomará una osadía en saco a la normativa laboral vigente y clic aqui a los instrumentos probatorios presentados.

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Si el tribunal Defecto a tu atención, es posible que se te ofrezca un acuerdo monetario o la reinstalación en tu puesto de trabajo. Asegúrate de entender los términos de cualquier acuerdo antes de aceptarlo.

Mediante la disposición final vigesimosexta de la norma, se han modificado la pagaré b) del apartado 4 del artículo 53, y la giro b) del apartado 5 del artículo 55 del Estatuto de clic aqui los Trabajadores, para que en ambos casos se recoja como inútil el despido de “las trabajadoras embarazadas, desde la vencimiento de inicio del embarazo hasta el eclosión del periodo de suspensión a que se refiere la pago a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.

Los que no son parte en el proceso deberán cumplir las obligaciones le impongan los jueces y tribunales ordenadas para avalar los derechos que pudieran corresponder a las partes.